Es difícil concebir que jefes de organismos, opuestos o discrepantes con el Gobierno, asignen fondos para la ejecución de obras a través de Núcleos Ejecutores. Citaré un par de ejemplos: la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Gobierno Regional de Puno. Los que sí aceptarán a rajatabla esta propuesta son los Ministerios cercanos al partido de Gobierno, Municipios y Regiones afines.
Esta sola posibilidad es la que genera suspicacia, por la falta de transparencia y la posibilidad de que agentes del Estado partidarizados terminen entregando dinero a núcleos con dirigencias también partidarizadas, lo que podría llevar a colusión y sobre todo al uso de fondos en obras de dudosa necesidad.
No creo que la discusión esté en que se necesita mayor celeridad para la ejecución de obras en nuestro país, más aún tratándose de pequeñas obras, aulas, puentes, canales, pequeños reservorios, las cuales están año tras año a la espera de que se ejecuten. El problema está en que esto pueda llevar a mayores índices de descrédito si no se dan los mecanismos de transparencia en el uso de estos fondos y podría terminar siendo peor el remedio que la enfermedad.
Por ello planteamos que además de cumplir con los requisitos establecidos como la presencia de la población organizada, jóvenes, comunidades, en Núcleos Ejecutores, así como la supervisión técnica a cargo de Foncodes, las municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales o instituciones públicas; estos fondos sean canalizados vía un fideicomiso bancario donde intervenga no sólo el Banco de la Nación que de por sí tendrá la gran mayoría de proyectos en las zonas rurales y distritos al interior del País sino la banca privada, lo que permitirá monitorear el desembolso contra el cumplimiento de las metas establecidas.
Si bien se dirá que todo fideicomiso tiene un costo, consideramos que las soluciones alternativas como el control inadecuado, vía más burocracia, tendrían un costo mucho mayor.
Este planteamiento complementa el acertado enfoque de entregar fondos para la realización de necesidades sentidas y profundas de nuestra población, en particular de las zonas rurales y más remotas de nuestro país, pero en los sustantivo, brinda un modelo de transparencia en el uso de los fondos públicos que son patrimonio de todos los peruanos.
Quisiera agregar que en el recorrido que he realizado en diferentes comunidades de la Región Lambayeque he constatado que este modelo funciona como en el caso de Mórrope que es un ejemplo para quienes quisieran evaluar esta alternativa.
Para pasar de la declaración del mensaje del 28 de Julio a los hechos, resulta factible destinar fondos que no se han utilizado (sin tocar los presupuestos de las municipalidades ni regiones) vía crédito suplementario. Estos primeros 700 millones de soles permitirían iniciar los 2000 primeros proyectos, los mismos que deben priorizarse en las zonas rurales de mayor pobreza.
Juan José Salazar García
Esta sola posibilidad es la que genera suspicacia, por la falta de transparencia y la posibilidad de que agentes del Estado partidarizados terminen entregando dinero a núcleos con dirigencias también partidarizadas, lo que podría llevar a colusión y sobre todo al uso de fondos en obras de dudosa necesidad.
No creo que la discusión esté en que se necesita mayor celeridad para la ejecución de obras en nuestro país, más aún tratándose de pequeñas obras, aulas, puentes, canales, pequeños reservorios, las cuales están año tras año a la espera de que se ejecuten. El problema está en que esto pueda llevar a mayores índices de descrédito si no se dan los mecanismos de transparencia en el uso de estos fondos y podría terminar siendo peor el remedio que la enfermedad.
Por ello planteamos que además de cumplir con los requisitos establecidos como la presencia de la población organizada, jóvenes, comunidades, en Núcleos Ejecutores, así como la supervisión técnica a cargo de Foncodes, las municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales o instituciones públicas; estos fondos sean canalizados vía un fideicomiso bancario donde intervenga no sólo el Banco de la Nación que de por sí tendrá la gran mayoría de proyectos en las zonas rurales y distritos al interior del País sino la banca privada, lo que permitirá monitorear el desembolso contra el cumplimiento de las metas establecidas.
Si bien se dirá que todo fideicomiso tiene un costo, consideramos que las soluciones alternativas como el control inadecuado, vía más burocracia, tendrían un costo mucho mayor.
Este planteamiento complementa el acertado enfoque de entregar fondos para la realización de necesidades sentidas y profundas de nuestra población, en particular de las zonas rurales y más remotas de nuestro país, pero en los sustantivo, brinda un modelo de transparencia en el uso de los fondos públicos que son patrimonio de todos los peruanos.
Quisiera agregar que en el recorrido que he realizado en diferentes comunidades de la Región Lambayeque he constatado que este modelo funciona como en el caso de Mórrope que es un ejemplo para quienes quisieran evaluar esta alternativa.
Para pasar de la declaración del mensaje del 28 de Julio a los hechos, resulta factible destinar fondos que no se han utilizado (sin tocar los presupuestos de las municipalidades ni regiones) vía crédito suplementario. Estos primeros 700 millones de soles permitirían iniciar los 2000 primeros proyectos, los mismos que deben priorizarse en las zonas rurales de mayor pobreza.
Juan José Salazar García
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